Una abogada de carrera del Departamento de Justicia sostiene que el grupo de trabajo sobre antisemitismo del gobierno de Trump presionó a universidades de la Ivy League para que llegaran a costosos acuerdos sin pruebas de irregularidades: un mal negocio para las universidades que pagaron y un golpe a la credibilidad de la aplicación federal de los derechos civiles.

• Una queja presentada por Haley Van Arum, exabogada de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, señala que los investigadores no encontraron pruebas de antisemitismo sistémico en Brown, y que Columbia y Harvard nunca fueron investigadas a fondo.
• Aun así, las agencias federales congelaron miles de millones de dólares en subvenciones y contratos, empezando por un puñado de universidades y ampliándose a decenas, hasta que la mayoría llegó a un acuerdo.
• Brown pagó decenas de millones y Columbia pagó cientos de millones, además de aceptar cambios en el plan de estudios y en las políticas sobre protestas, pese a tener altas probabilidades de ganar en los tribunales.
• Harvard, en cambio, litigó y ganó: un juez declaró ilegal la congelación de fondos, decisión que el gobierno está apelando.
• La queja también describe un plan para entrevistar a profesores musulmanes y de estudios sobre Medio Oriente en Brown en busca de declaraciones que pudieran catalogarse como antisemitas; no se encontró nada.

Perspectiva: La apelación en el caso de Harvard y cualquier seguimiento del Congreso a la queja determinarán si las universidades que ya pagaron tienen argumentos para recuperar algo de ese dinero.