La historia del cese de operaciones de la FAA no cuadra
Una importante falla en el control de tráfico aéreo de la FAA el viernes pasado luce cada vez menos como una falla aislada del sistema y más como un desastre autoinfligido producto de una actualización tecnológica fallida, lo cual es una mala noticia para la confianza pública en la agencia y posiblemente para los contribuyentes, a quienes pronto se les pedirá mucho más dinero.
Los funcionarios inicialmente culparon a un sistema antiguo que colapsó bajo la carga, pero esa explicación cambió rápidamente. Para el fin de semana, la atención se centró en un router recién instalado que estaba convirtiendo líneas de cobre antiguas a fibra óptica, el cual, según se informó, inundó instalaciones más antiguas, incluido un sitio de radar en Texas, con ráfagas de datos excesivos cada pocos segundos. Por separado, también se señaló como posible causa un nuevo equipo de radar instalado apenas tres semanas antes.
El problema de fondo es la coordinación. La FAA tiene en marcha más de 11,000 proyectos de modernización independientes que no están integrados entre sí, y muchos están exentos de las reglas habituales destinadas a evitar que las actualizaciones afecten los sistemas existentes. Los reguladores habían advertido meses atrás que avanzar rápidamente en el reemplazo de equipos antiguos sin la supervisión adecuada eventualmente provocaría fallas.
El dinero también está enredado en todo esto. La solicitud de la FAA para fondos de modernización pasó de un monto inicial de $10,600 millones, a otros $10,200 millones para una segunda fase, hasta un repentino impulso de $50,000 millones. El momento coincide con una ventana política que se achica: un nuevo Congreso toma posesión en enero, y las cuentas en el Senado se vuelven más difíciles para aprobar grandes proyectos de gasto, lo que da a los funcionarios un fuerte incentivo para asegurar el financiamiento ahora en lugar de arriesgarse después.
Perspectiva: Se esperan más explicaciones contradictorias sobre la falla mientras los funcionarios se apresuran a aprobar la solicitud de financiamiento de $50,000 millones antes de que el nuevo Congreso dificulte su aprobación.