Un caso judicial revelado recientemente muestra que el gobierno está tratando las búsquedas comunes en internet como motivo para la vigilancia, una mala noticia para cualquiera que valore la privacidad en línea.

• El Departamento de Justicia obligó a Google a identificar a 311 personas que buscaron la sede del RNC o del DNC alrededor de enero de 2021, supuestamente para encontrar al autor de las bombas caseras.
• La orden abarcó no solo a quienes hicieron las búsquedas, sino también a cualquiera vinculado vagamente con ellos —una red wifi compartida, un correo electrónico, un número de teléfono o un dispositivo en común—, lo que podría sumar a miles de desconocidos.
• Un juez dictaminó que Google no tenía derecho siquiera a impugnar la solicitud ni a ocultar los nombres de los usuarios, de modo que los datos fueron entregados y cientos de personas quedaron al descubierto. Nadie fue imputado.
• Las órdenes de confidencialidad lo mantuvieron en secreto durante años, así que las personas involucradas nunca supieron que formaban parte de una investigación federal.
• La lógica está invertida: primero se recopilan los datos y luego se busca un delito, lo contrario de necesitar un sospechoso antes de investigar.

Panorama: Con la legislación sobre vigilancia aún sin definir y la Sección 702 a menos de un año de su renovación, es probable que estas amplias redes de rastreo digital sigan expandiéndose, a menos que los tribunales o el Congreso opongan resistencia.