Trump llegó a un acuerdo en una demanda contra su propia administración para crear un pago de 1.700 millones de dólares, financiado con dinero de los contribuyentes, destinado a personas que él considera víctimas del "lawfare" (uso del sistema judicial como arma política), una mala noticia para los contribuyentes y para la transparencia gubernamental.

• Trump demandó al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de declaraciones de impuestos, y su propio Departamento de Justicia aceptó un acuerdo que crea un fondo de casi 2.000 millones de dólares para las víctimas del "lawfare".
• El Congreso no participó, los pagos son anónimos, las decisiones no se pueden apelar y no existe revisión judicial.
• El fondo pagará a los acusados por los hechos del 6 de enero, luego de que el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes bloqueara una enmienda para excluirlos.
• El fiscal general interino, Todd Blanche, elegirá el panel de cinco personas que administrará el fondo, y Trump puede destituir a cualquiera de sus miembros.
• El principal abogado del Departamento del Tesoro, designado por Trump, renunció por el acuerdo.

Perspectiva: Los pagos comienzan en un plazo de 60 días, las reclamaciones se extienden hasta diciembre de 2028 y, al no haber normas de transparencia, se prevén disputas continuas sobre quién recibe realmente el dinero.